Ejecuciones extrajudiciales causan pánico a la población

Bladimir Martínez Ladera

 

La mujer denunció que funcionarios del Cicpc ingresó a su casa de manera violenta para asesinar a su hijo

 

Foto: Angel García

 

Ciudad Guayana.-Las muertes por supuestos enfrentamientos aumentaron de manera desproporcionada en menos de tres meses en la región. En algunos de los sucesos mueren personas que no poseen antecedentes policiales; el exceso de autoridad queda marcado en dolientes de los abatidos, e incluso en niños que son testigos del abuso policial.

Preocupados por los numerosos enfrentamientos perpetrados por detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, soldados del Ejército, Guardia Nacional y uniformados de la Dirección de Inteligencia de la Policía del estado Bolívar, el abogado José Gregorio Beria, alertó a representantes del Gobierno nacional, por las violaciones de los derechos humanos; al mismo tiempo aseguró que eran delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben.

Considera que se trata de un “grupo exterminio” que actúa de manera impune en la región, dice que el patrón se repite con mucha frecuencia y deja secuela en la gente. Denunció sobre los sucesos más recientes que acontecieron en la zona Sur del estado Bolívar, en áreas mineras, tales como La Tablita, parroquia Pedro Cova de El Manteco, en la aparente masacre actuaron uniformados del Ejército, PEB y Cicpc, trece personas fallecieron por armas de fuego.

En septiembre de este año, son abatidos en las mismas circunstancias 11 hombres. Soldados del Ejército, ingresaron a un campamento minero de El Triunfo, municipio Sifontes, para esa fecha se contabilizaron 27 decesos en aparente confrontación. A dichas muertes se suman las que dejó atrás la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), en distintos sitios de El Callao, Guasipati, Tumeremo, El Dorado, San Félix y Puerto Ordaz.

Dice el experto en derecho penal que las aberraciones consumadas por la policía judicial, Diepeb y Ejército, ponen en tela de juicio a las instituciones del Estado, que son garantes de la aplicación correcta de los principios y preceptos constitucionales que tiene que ver con el respeto a la dignidad de la persona, inviolabilidad del hogar, igual consideración a la vida.

 

Matanzas colectivas

Beria, no dejó por fuera las aparente masacres que se registraron entre 2016 y 2017 en El Perú, El Manteco, El Dorado, Guasipati y la más reciente vía Camature, “estamos en presencia de matanzas colectivas y sobre todo el tema de los teatros de operaciones que de acuerdo a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, a esta institución solo corresponde el tema de la soberanía nacional, como lo es la defensa del territorio, la independencia y el orden interno cuando se ve rebasado, pudiéramos estar del uso indebido de la fuerza contra la población civil”.

Además, apuntó que “no menos grave ha sido la actuación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que una de sus funciones es investigar y se convirtió en un instrumento de represión extorsión y corrupción que nos obliga a plantear la necesidad de verificar, si están cumpliendo su objetivo, nos preguntamos, en dónde quedó la Ley del Estatuto de la Función Policial recién creada y el ordenamiento de las Fuerzas Armadas”.

Habló sobre el supuesto enfrentamiento entre miembros de la policía científica y Miguel Aponte de 24 años, hecho que ocurrió en Cristóbal Colón, San Félix, su madre asegura que lo asesinaron en su presencia. Romelia Ortiz, pide que se haga justicia, el Ministerio Público después de casi un mes no da respuesta a la progenitora del abatido.

También recordó a la fiscalía, las presuntas muertes extrajudiciales que se registraron a finales del mes de octubre en sector La Frontera del barrio Libertador, San Félix. Familiares de las víctimas acusan a funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la PEB, de ejecutar a estas personas sin piedad.

 

Violación de los derechos humanos

Recordó el jurista que la violación de los derechos humanos, es un delito que no prescribe de acuerdo a las normas fundamentales del derecho internacional, “o sea, es un delito que se le imputa, para siempre, al individuo que lo comete, en este caso me refiero a las muertes de personas rendidas e indefensa ante un organismo policial. Existen muchas dudas sobre estos procedimientos realizados por miembros de los cuerpos policiales”.

El abogado en derecho penal, no quiso adelantarse a decir que en la región opera un grupo exterminio, “pero cabe la posibilidad, y por esta razón exhortó al Ministerio Público, para que no sea permisivo ante una serie de violaciones y derechos que están claros en la Constitución Bolivariana de Venezuela; también en otras leyes de la República, se está dando paso al abuso y a las violaciones continúas de los derechos civiles, no es el camino para atacar el tema de la seguridad pública”.

Supone José Gregorio, que las tareas asignadas al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, también a la Dirección de Inteligencia de la PEB, Guardia Nacional y Ejército, “están muy alejadas de las leyes venezolanas, pareciera que actúan como jueces y parte, la función principal de la policía judicial es la investigación, pero no ejercer el papel de verdugo”.